Evidencias Electrónicas

SIRAJ – Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

La aprobación del Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia define un nuevo modelo organizativo, basado en la integración de los registros de violencia doméstica, menores y rebeldes civiles, además de la creación del registro de medidas cautelares.

Su principal objetivo es la integración de estos registros de manera que no constituyan unidades sin conexión entre sí y que la información pueda, dentro del marco legal, transitar de uno a otro. Todo ello tiene como presupuesto que los datos que preceptivamente deben remitirse se reciban de manera puntual y exacta y que el acceso a la información por parte de Juzgados y Tribunales se encuentre igualmente organizado.

Supone un gran hito para la actividad judicial ya que permite establecer una sola vía de registro de datos con el fin de evitar la redundancia y homogeneizar los datos. También permite realizar consultas integradas que van a permitir acceder a toda la información relacionada con la gestión de ejecutorias y medidas cautelares.

Esta herramienta funciona actualmente en todos los Órganos Judiciales de Orden Penal del territorio nacional. Se han firmado convenios con el Ministerio del Interior para garantizar el acceso a la información por parte de aquellas unidades que estén habilitadas para ello. Organismos como la Policía, el Ministerio Fiscal y otros tienen permisos para acceder a este sistema y realizar consultas.

Otra funcionalidad que se ha incluido es un sistema de gestión de alarmas a través del cual se podrá avisar a los órganos judiciales sobre cualquier cambio que les afecte.

Se prevé la integración con otro aplicativo, el Registro Central de Penados con la pretensión de agilizar los trámites y obtener una mayor rapidez y eficacia. Se podrá hacer un primer registro en SIRAJ y luego transferir los datos al Registro Central de Penados sin necesidad de introducir de nuevo los datos.

 

Fortuny – Sistema de gestión para fiscales

La utilización de las Nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) por parte de la Administración de Justicia facilita, agiliza y mejora los sistemas de trabajo que se han estado empleando en el pasado.

La aplicación informática Fortuny , disponible para los profesionales del ámbito de a fiscalía  permite agilizar la tramitación de procedimientos, causas o asuntos judiciales tanto con origen en la propia Fiscalía (DiligenciasPreprocesales), como con origen en los órganos judiciales que están bajo la jurisdicción de la Fiscalía.

Fortuny nace con el objetivo de dinamizar las comunicaciones entre las Fiscalías y ha ido evolucionando a través de diversas versiones hasta llegar a la 5.13.

Fortuny se comunica con varios sistemas de Gestión Procesal de los Juzgados como Minerva, Adriano o Libra, aunque con niveles de integración diferentes.

 

 

Lexnet

LexNet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas).

Son notificaciones en las que queda acreditada la identidad del remitente y destinatario, el contenido íntegro de la comunicación y el momento preciso de la remisión, de la disponibilidad para el destinatario y del acceso acceso efectivo a la comunicación.

LexNet se ha convertido en un instrumento de trabajo seguro tan habitual en el ámbito de las comunicaciones judiciales, como el teléfono, el fax o el correo electrónico.

El sistema empezó a funcionar en el año 2004 y en 2014 gestiona un volúmenes de usuarios y comunicaciones nada desdeñable:

  • Cuenta con más de 40.000 usuarios.
  • Es utilizado en más de 2.600 órganos judiciales.
  • Y ha permitido intercambiar más de 100.000.000 de mensajes.

Lexnet pretende extender gran parte de los servicios que ofrece la Administración de Justicia a través de Internet, haciendo que estos sean accesibles desde cualquier parte y en cualquier momento. En la actualidad el sistema permite:

  • El intercambio seguro de información.
  • La gestión transparente de firmas electrónicas.
  • Ahorro de papel.
  • Inmediatez en las comunicaciones.

Su uso se extiende a profesionales de la justicia que intercambian información con juzgados en diferentes órdenes jurisdiccionales:

  • Órganos judiciales y Oficinas de Registro y Reparto (Secretario Judiciales).
  • Procuradores y Colegio de Procuradores.
  • Abogacía del Estado.
  • Abogacías dependientes de la Abogacía del Estado (FOGASA, SEPES, AEAT y Consorcio Compensación de Seguros).
  • Abogacía Comunidad.
  • Abogacía SJSS.
  • Fiscalías.
  • Abogados y Colegios de Abogados.
  • Graduados Sociales.
  • Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

Nuevo Lexnet

Para absorber el gran crecimiento que ha experimentado LexNet en los últimos años, el Ministerio de Justicia ha desarrollado una nueva versión del sistema LexNet con una nueva arquitectura más potente y escalable y con mejoras en el interfaz de usuario. Además se adapta mejor a diferentes dispositivos de usuario, ordenadores y tabletas.

El nuevo sistema LexNet se encuentra desplegado en Melilla, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Galicia, Valencia, Ceuta, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Órganos Centrales, Cataluña, Canarias, Madrid y Asturias

Sistemas de gestión procesal y otros sistemas tecnológicos vinculados a la Justicia

En España varias Comunidades Autónomas tienen transferida la competencia de proporcionar los recursos materiales para facilitar la impartición de la justicia por los órganos judiciales.

Ello ha dado lugar a que existan diferentes sistemas de gestión procesal, considerando los sistemas ya implantados que dejarán de usarse y los futuros que se irán implantando:

  • Andalucía: Adriano.
  • Aragón: Minerva-NOJ (anteriormente Minerva)
  • Asturias: Minerva-NOJ (anteriormente Minerva)
  • Canarias: Atlante II (anteriormente Atlante I)
  • Cantabria: Minerva (anteriormente Libra)
  • Cataluña: Justicia.cat, (anterior: Temis)
  • Galicia: Minerva
  • Madrid: Minerva (anteriormente Libra)
  • Navarra: Dictum (que integra el anterior: Avantius)
  • País Vasco: Justizia Bat.
  • La Rioja: Minerva
  • Valencia: Cicerone.
  • Territorio Ministerio de Justicia (Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla y Murcia):  Minerva-NOJ (anteriormente Minerva y anteriormente: Libra)

SIRAJ es el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, y forma parte del modelo de evolución en la modernización de la Justicia impulsada por la Ley 18/2011 de 5 de julio.

Por otro, lado, los fiscales utilizan Fortuny

Lexnet es un sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a los profesionales de la justicia (abogados, procuradores y graduados sociales)

Tercería de confianza

A veces escucho esta expresión y se me eriza el vello (me produce dentera).

Es una curiosa mezcla de conceptos que tienen la apariencia de jurídicos pero que se usan para provocar supuestamente el respeto de los legos en materia jurídica.

Aprovechando el término jurídico aplicado a los terceros en discordia que con el tiempo se han denominado “terceros en el proceso” o “tercería judicial” se ha mezclado con el término de “tercero de confianza” que tiene otras acepciones para designar un supuesto concepto más genérico.

La Tercería Judicial es la oposición hecha por un tercero que se presenta en un proceso judicial entablado por dos o más litigantes, ya sea coadyuvando el derecho de alguno de ellos o deduciendo el suyo propio con exclusión de los otros.

En este tipo de intervención, el tercero que se ve perjudicado por la forma en que se presentan las pretensiones de los litigantes, formula una pretensión en el litigio incompatible con las demás pretensiones (ejecutante, ejecutado, u otros terceristas).

El tercero puede actuar por el embargo practicado sobre un bien que es de su propiedad o exigiendo el pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien embargado. Según esta definición, las tercerías pueden ser:

  • De dominio: en la que el tercero alega ser el dueño, tener el dominio del bien embargado.
  • De posesión: es aquella que hace valer poseedor sobre bienes que se han constituido en embargo
  • De pago: busca el pago preferente en la regularización de las deudas del ejecutado, y busca un pago privilegiado por sobre el mismo tercerista
  • De preelación: busca el pago en razón de las condiciones de privilegio de mas de un acreedor
  • De mejor derecho: cuando un tercero alega tener mejor derecho que el embargante para quedarse con el producto de la venta del bien embargado( ej.: acreedor hipotecario mejor derecho que el quirografario)

Como se ve, nada de tercerías de confianza.

A veces, el término se retuerce más para hablar de “tercerías electrónicas” como si se refiriera a las previsiones de intervención de “terceros de confianza” en el marco de la LSSI-CE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico). Figura, por cierto, mal definida en la citada norma y que cualquiera podría arrogarse sin que, hasta hace poco tiempo, se exigiera su acreditación de alguna forma.

Firma electrónica digitalizada como firma manuscrita

Las evidencias electrónicas de una firma manuscrita digitalizada permiten que se pueda presentar en juicio respaldada por un informe pericial caligráfico como es habitual por la aplicación tradicional de las consideraciones debidas a la firma manuscrita en la normativa procesal.

No se trata de una mera captura del aspecto gráfico de la firma manuscrita del firmante y su inserción en un documento electrónico, sino que se capturan, generan y almacenan suficientes datos para garantizar los principios básicos de una firma electrónica avanzada:

  • Identificación del firmante.
  • Vinculación de manera única al firmante y a los datos firmados.
  • Con posibulidad de detectar cualquier cambio posterior a la firma.
  • Y con la garantía de que sólo el firmante puede generar su propia firma.

Aunque no hay una forma canónica de realizar este tipo de firmas, en muchos casos el procedimiento es parecido a este:

  • Se capturan una serie de datos biométricos de la firma (presión, velocidad de los trazos, …) de forma que un perito calígrafo puede analizar si los datos almacenados se corresponden con la firma manuscrita del signatario.
  • Esos datos NUNCA están en posesión de la entidad para la que se gestiona la firma, ya que son datos datos personales muy sensibles que podrían permitir la falsificación posterior de las firmas. Por ello, se cifran, con ayuda de una clave pública cuya clave privada asociada se custodia por un Prestador de Servicios de Certificación.
  • Se capturan otra serie de datos, relacionados con el documento que el usuario está firmando, el dispositivo de firma, etc.
  • Se realiza una firma electrónica en la que se incluye el grafo de la firma y que protege toda la información incorporada al documento, con el sello de tiempo de una Autoridad de Certificación.
  • La información se custodia por la entidad que despliega el sistema o por un tercero de confianza, Prestador de Servicios de Confianza Digital (PSDC).

Si en futuro es necesario demostrar que la firma es atribuible a una persona (o que no lo es), se requiere la aplicación que se encarga de descifrar los datos, capturar las firmas indubitadas y compararlos con la controvertida, con el auxilio del PSCD que custodia las claves privadas.

Para garantizar que los procesos implantados cumplen con las mejores prácticas y son idóneos como prueba, existen servicios de certificación y auditoría de firma digitalizada como los de EADTrust (European Agency of Digital Trust).

 

 

Test de Compatibilidad de los sistemas informáticos del ámbito de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el 8 de septiembre de 1999 el denominado “Test de compatibilidad“, conjunto de especificaciones en las se fijaba un modelo de datos lógico para conseguir un intercambio de información entre sistemas informáticos de diferentes administraciones con competencias en materia de justicia (asuntos, recursos y exhortos),  así como unos requisitos mínimos de seguridad.

Este marco de especificaciones tiene su origen en la atribución que el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), asigna al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe asegurar la compatibilidad de los sistemas informáticos de gestión procesal que se utilicen en la Administración de Justicia:

«… Los programas y aplicaciones informáticas que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.
Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial. »

El Título VI del Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (aprobado por Acuerdo del CGPJ de 15 de septiembre de 2005), desarrolla el mandato establecido en el indicado artículo de la LOPJ, estableciendo la creación de la Comisión de Informática Judicial, quién deberá proponer al Pleno del CGPJ la determinación de los elementos que han de reunir los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia para cumplir las exigencias de compatibilidad necesaria en cuanto a su comunicación, integración y seguridad.

Dicha Comisión estará compuesta por el Vocal delegado para la oficina judicial y la informática, que la presidirá, y por cuatro Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional. En este aspecto se mantiene la redacción y contenido del Título VI del anterior reglamento 5/1995.

Para abordar este mandato, como se ha indicado, el CGPJ aprobó el 8 de septiembre de 1999 el denominado “Test de compatibilidad“, en el que se fijaba un modelo de datos lógico para conseguir un intercambio de información entre sistemas (asuntos, recursos y exhortos), así como unos requisitos mínimos de seguridad. También se dejaron establecidas algunas bases esenciales para la elaboración de la estadística judicial. Bases que no fueron posteriormente desarrolladas.

El Pleno del Consejo, en su sesión de 24 de marzo de 2010 aprobó el Módulo Básico del Test de Compatibilidad, de obligado cumplimiento por todos los sistemas de gestión procesal implantados.

Por delegación del Pleno, la Comisión de Modernización e Informática reunida el 11 de enero de 2011 aprobó una nueva revisión del Test de Compatibilidad, que incluye las siguientes novedades:

  • Adecuación del Test de Compatibilidad a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de Reforma del Código Penal.
  • Adecuación del Test de Compatibilidad a las necesidades de la Fiscalía General del Estado, convirtiendo el Test de Compatibilidad en un instrumento que supera la compatibilidad de los sistemas de gestión procesal para convertirse en un estándar a nivel nacional para la Administración de Justicia.
  • Adecuación del Test de Compatibilidad a la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Incorporación en las tablas de las columnas VigenciaFecha de incorporación al Test.
  • Redefinición de la tabla de especialidades, para simplificar el trabajo de codificación de las unidades funcionales.
  • Definición de la codificación de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Administrativas, así como la incorporación a la tabla correspondiente de los Servicios y Unidades creados por las Administraciones competentes.
  • Definición de la tabla de Hitos, teniendo en cuenta las necesidades de la Fiscalía General del Estado para la jurisdicción penal.
  • Revisión de la tabla Tipos de Recurso.
  • Adecuación de la tabla Tipo de identificación de persona a la codificación utilizada por el Ministerio del Interior para los distintos tipos de documento de identificación.
  • Creación de las tablas: Tipos de requerimientos policialesTipos de SeñalamientoEstados de Señalamiento,Grupos de DelitoOrígenes de una DenunciaProvinciasSituaciones posibles de un Interviniente.
  • Incorporación en la tabla de unidades funcionales de las distintas Fiscalías, de los órganos judiciales creado por Real Decreto 819/2010. de 25 de junio y de las Secciones de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Se han añadido los Colegios de Graduados Sociales a la tabla Colegios, convirtiéndose este dato en obligatorio cuando el Graduado Social ejerza la representación de un interviniente.

Acceso a la documentación del Test de compatibilidad

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Galicia pone en marcha a presentación telemática de escritos y demandas a través de Lexnet

 

Abogados, procuradores y abogados otros profesionales de la Justicia podrán presentar demandas de manera electrónica o incorporar documentación a un procedimiento en marcha


Esta nueva funcionalidad comenzará a implantarse en las próximas semanas en órganos judiciales de la provincias de A Coruña y Pontevedra


Ya está operativa desde el 12 de junio la Agenda de Sinalamentos de Vistas en el portal eXustiza www.exustiza.es, que permite consultar online los juicios previstos


Los abogados, procuradores y otros agentes jurídicos de la Comunidad podrán presentar demandas de manera electrónica o incorporar documentación a un procedimiento en marcha, a través del sistema Lexnet. La Xunta pondrá en marcha esta nueva funcionalidad en las próximas semanas en órganos judiciales de las provincias de A Coruña y Pontevedra y se implantará de manera progresiva en Ourense y Lugo.

Este fue uno de los temas que abordó el 12 de junio de 2014 la reunión permanente de él Comité técnico estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), que se celebró por la mañana en la Ciudad de la Cultura, presidida por el Secretario General de Justicia, Joaquín Silguero, y en la que participaron la directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), Mar Pereira y el director general de Justicia, Juan José Martín, en representación de Galicia y los responsables de los departamentos de justicia e informática de Aragón, Navarra, Canarias, Cataluña, País Vasco y Valencia

Nueva funcionalidad de Lexnet
Galicia es una de las primeras comunidades en activar este nuevo servicio del sistema Lexnet, dentro de las actuaciones definidas en el Plan Senda para la integración de las TIC en la Justicia, que está desarrollando la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia en colaboración con la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

El sistema de comunicaciones Lexnet permitía hasta ahora la Administración de Justicia remitir notificaciones electrónicas a los agentes judiciales. Con la activación de esta nueva funcionalidad los profesionales del campo judicial podrán presentar también demandas y escritos de mero trámite en los juzgados, es decir, incorporar documentación a un procedimiento en marcha.

Esta medida contribuye la eliminación de papel en los trámites administrativos, a la reducción de tiempos de procedimiento, facilita la integración directa con los sistemas de gestión procesal y mejora de la calidad de la información. Todo esto en un contexto digital con todas las garantías jurídicas.

Más de 10 millones de notificaciones en cuatro años
Lexnet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los agentes del ámbito judicial, utilizando la firma digital. El sistema Lexnet se implantó en Galicia en 2009 y a día de hoy ya se convirtió en un instrumento de trabajo tan habitual en el ámbito de las comunicaciones judiciales, como el teléfono, el fax o el correo electrónico. El crecimiento en cuanto a usuarios y actividad desde fue constante nos últimos cuatro años, sumando más de 10 millones de notificaciones. En lo que llevamos de año, se realizaron cerca de 2 millones de notificaciones a través de Lexnet, lo que sitúa a Galicia en el cuarto lugar por volumen en el ranking de las catorce comunidades autónomas usuarias del sistema.

Agenda de señalamientos de vistas
Por otra parte, el 12 de junio de 2014  entró en funcionamiento a Agenda de Señalamiento de Vistas del portal de Justicia que facilita a los ciudadanos la consulta online de las vistas que se van a celebrar en los órganos judiciales de los ayuntamientos que son cabecera del partido judicial. La agenda permite realizar la busca de la información en tres sencillos pasos, selección de fechas y lugar, selección del tipo de órgano judicial y número de órgano judicial.

CTEAJE
La Comisión Técnica Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) es un órgano integrado por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con la competencia de Justicia transferida (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia). Su objetivo principal es favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados en la Administración de Justicia, así como asegurar la cooperación entre las distintas Administraciones.

La Comisión Permanente se reúne periódicamente, con el fin de fomentar una mayor reutilización de los sistemas informáticos dentro de la administración de Justicia y facilitar que exista una interoperabilidad entre las distintas aplicaciones de los diferentes territorios.

La Ertzaintza acogerá en 2016 la reunión anual del ENFSI, organismo científico que coordina a 64 laboratorios forenses y policiales de referencia en Europa

La Ertzaintza ha sido la institución elegida para responsabilizarse en 2016 de la organización del encuentro anual del ENFSI, la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses que coordina a 64 laboratorios policiales y forenses de referencia de 36 países europeos. La designación de la Ertzaintza, acordada en el encuentro del 22 y 23 de mayo de 2014, correspondiente a la vigesimosexta edición, que se celebró en Bratislava, supone para la Consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, “el reconocimiento por parte de los especialistas forenses europeos del alto nivel alcanzado por la policía vasca en materia de investigación científica y una oportunidad para potenciar las relaciones y el intercambio de información entre nuestros especialistas y sus homólogos del resto de Europa”.

La decisión aprobada en mayo de 2014 en Bratislava por la mayoría de los integrantes del ENFSI (European Network of Forensic Sciencie Institutes) supone que la Ertzaintza, en concreto su División de Investigación Criminal y, dentro de ella, la Unidad de Policía Científica, será la encargada de organizar y acoger en sus instalaciones, en mayo de 2016, a los responsables de los laboratorios policiales que acudan al 28º encuentro anual del organismo. “Para la Ertzaintza – afirma Beltrán de Heredia – es una gran oportunidad de consolidar todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de investigación forense y servirá para que las policías europeas, especialmente las del espacio Schengen, conozcan de primera mano la preparación de nuestros especialistas, sus instalaciones y los recursos con los que cuentan. Además – señala – eventos de esta naturaleza, que atraen a expertos internacionales de primer nivel, son perfectos para dar a conocer la realidad de Euskadi y promocionar sus potencialidades en otros campo, además del policial”.

Las reuniones anuales de directores del ENFSI tienen por objeto debatir aspectos ejecutivos del funcionamiento propio del organismo, su situación económica, la comprobación de los planes estratégicos, el estado de los proyectos, los resultados y evolución de los grupos de trabajo y la comprobación de los fondos europeos para financiación de proyectos de investigación, entre otros asuntos.

La Ertzaintza, miembro de pleno derecho de ENFSI desde 2006

La Ertzaintza certificó su ingreso en el ENFSI en diciembre de 2006, como miembro de pleno derecho, tras la decisión favorable de su Consejo Directivo y una vez constatado por sus especialistas el nivel técnico de la Policía Científica vasca y el grado de desarrollo de sus laboratorios, procedimientos y protocolos de trabajo (acreditados por el certificado de calidad ISO 7025). El proceso de ingreso, solicitado seis meses antes, incluyó la inspección por los delegados del ENFSI de las dependencias de la UPC en Erandio, entrevistas con los responsables de la Unidad, así como el conocimiento previo que los especialistas tenían del trabajo de la Ertzaintza en investigación forense.

Intercambio científico de primer nivel

El propósito del ENFSI, un organismo reconocido en el ámbito de la ciencia forense a nivel mundial, es compartir conocimientos, intercambiar experiencias y llegar a acuerdos en el campo de la ciencia forense, animando a todos los laboratorios a cumplir con las mejores prácticas y estándares internacionales para asegurar la calidad y la competencia, estableciendo diferentes grupos de trabajo constituidos en función de sus especialidades (ADN, documentos, drogas, explosivos, huellas dactilares, armas de fuego, investigación de incendios y explosiones, tecnologías de la información forense, análisis de audio, grafística, trazas, inspecciones oculares, análisis de pinturas y vidrio, fibras y pelos, imagen digital y análisis de plantas y suelos).

Once miembros iniciales

El ENFSI tuvo su origen en 1992, cuando los directores de los laboratorios criminalísticos gubernamentales de Europa Occidental decidieron organizar encuentros periódicos para intercambiar información sobre temas de interés mutuo. La primera reunión se celebró en Rijswijk (Holanda) con la asistencia de 11 laboratorios. Posteriormente volvieron a reunirse, en 1994, en Linköping (Suecia), donde se aprobó un primer memorando de Acuerdo. Un año más tarde, el 20 de octubre de 1995, se organizó la reunión fundacional, que marca el nacimiento oficial de la institución tal y como la conocemos hoy. En aquel encuentro, además de rubricar el Acuerdo que rige el funcionamiento de la organización, se eligió la primera Junta oficial y el logotipo del organismo (el ojo europeo).

Ya desde su inicio se acordó que la pertenencia al ENFSI estaría abierta a todos los países europeos con el objetivo de garantizar, a través de sus aportaciones, que la calidad del desarrollo y presentación de la ciencia forense en Europa se encuentre a la vanguardia del mundo. Pronto fue consolidándose como organización, oficializándose la pertenencia institucional de los laboratorios y la creación de una Secretaría bajo la dirección del Presidente. Desde entonces ha crecido con rapidez: de los 11 miembros iniciales ha pasado a los actuales 64 laboratorios, pertenecientes a 36 países.