Evidencias Electrónicas

EADTrust, especialistas en Blockchain

Si está pensando en adoptar Blockchain como tecnología para securizar las transacciones de su institución, cuente con EADTrust (European Agency of Digital Trust).

Desde 2014 EADTrust es uno de las primeros Prestadores de Servicios Electrónicos de Confianza en impulsar la tecnología de bloques de hashes encadenados.

Contacte llamando al +34 91 716 0555.

Las TIC en la Justicia del futuro

En 2009  Ariel y Fundación Telefónica, en colaboración con Editorial Planeta, publicaron la obra Las TIC en la Justicia del futuro

La Justicia es uno de los sectores de la Administración que se enfrenta a un mayor número de retos, derivados
de la creciente complejidad de la sociedad española y de su propia organización. Sin embargo, al ser un área intensiva en información, es una de las que más puede beneficiarse del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La Justicia en España puede sufrir un importante salto positivo cuando se pongan en marcha los tres procesos básicos de esta transformación: el cambio tecnológico, el organizativo y el cultural. Los tres son imprescindibles para conseguir un uso eficiente de las nuevas tecnologías.

Tres son también los agentes principales en el impulso de esta nueva Justicia: el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas.

Todos entienden la importancia del uso de las TIC y existe un amplio consenso respecto a la modernización de la Justicia, en torno a dos elementos básicos, la nueva oficina judicial y el expediente electrónico.

Para ver un anticipo, pincha este enlace: LAS_TIC_EN_LA_JUSTICIA_DEL_FUTURO

 

Normas españolas sobre evidencias electrónicas

Ayer se publicó en el «BOE» núm. 12, de 14 de enero de 2017, la Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de diciembre de 2016 como normas españolas.

Entre ellas se encuentran las normas UNE 27037, UNE 27038, UNE 27040, UNE 27041, UNE 27042, , UNE 27043  y UNE 30121 correspondientes a los mismos ordinales de las normas ISO, y que aplican a las evidencias electrónicas y a su gestión.

Se indican seguidamente:

Código

Título

Código Europeo

Fecha Disponib

Anula a

UNE-EN ISO/IEC 27037:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Directrices para la identificación, recogida, adquisición y preservación de evidencias electrónicas (ISO/IEC 27037:2012) (Ratificada por AENOR en diciembre de 2016.)

EN ISO/IEC 27037:2016

2016-08-24

UNE-EN ISO/IEC 27038:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Especificación para la redacción digital (ISO/IEC 27038:2014) (Ratificada por AENOR en diciembre de 2016.)

EN ISO/IEC 27038:2016

2016-08-24

UNE-EN ISO/IEC 27040:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad en el almacenamiento (ISO/IEC 27040:2015) (Ratificada por AENOR en diciembre de 2016.)

EN ISO/IEC 27040:2016

2016-08-24

UNE-EN ISO/IEC 27041:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Directrices para garantizar la idoneidad y adecuación del método de investigación de incidentes (ISO/IEC 27041:2015) (Ratificada por AENOR en diciembre de 2016.)

EN ISO/IEC 27041:2016

2016-08-24

UNE-EN ISO/IEC 27042:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Directrices para el análisis y la interpretación de las evidencias electrónicas (ISO/IEC 27042:2015) (Ratificada por AENOR en diciembre de 2016.)

EN ISO/IEC 27042:2016

2016-08-24

UNE-EN ISO/IEC 27043:2016

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Principios y procesos de investigación de incidentes (ISO/IEC 27043:2015) (Ratificada por AENOR en diciembre de 2016.)

EN ISO/IEC 27043:2016

2016-08-24

UNE-EN ISO/IEC 30121:2016

Tecnologías de la información. Gobernanza del marco de riesgo de la investigación digital (ISO/IEC 30121:2015) (Ratificada por AENOR en diciembre de 2016.)

EN ISO/IEC 30121:2016

2016-08-24

Auditoría de terceros de confianza en cumplimiento de #eIdAS

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE) recoge la figura del Tercero de Confianza en su artículo 25, para una función concreta, la de custodia de documentos:

  1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.
  2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.

Tras la publicación del Reglamento Europeo Nº 910/2014 (#eIdAS) de aplicación directa en España, como en el resto de países miembros de la UE, la figura del “Tercero de Confianza”  recibe la denominación de PSEC, Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza, si bien la panoplia de servicios que puede ofrecer es amplia, siendo una, efectivamente la de archivo o conservación de documentos electrónicos, en su artículo 34, relativo a la conservación de firmas electrónicas cualificadas (y 40, en relación con los sellos electrónicos):

  1. Solo podrá prestar un servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas el prestador cualificado de servicios de confianza que utilice procedimientos y tecnologías capaces de ampliar la fiabilidad de los datos de la firma electrónica cualificada más allá del período de validez tecnológico.
  2. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer números de referencia de normas relativas al servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 cuando los mecanismos del servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas se ajusten a dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

Puesto que la norma solo considera cualificados los servicios  de conservación de firmas electrónicas cualificadas y de sellos electrónicos cualificados (se sobreentiende que aplicados a documentos electrónicos), otros servicios de conservación de documentos electrónicos tendrán el carácter de “no cualificados”.

En este contexto, existen tres niveles de servicios:

  1. Servicios electrónicos de confianza no cualificados y no registrados en el registro de PSEC de la SETSI
  2. Servicios electrónicos de confianza no cualificados, registrados en el registro de PSEC de la SETSI
  3. Servicios electrónicos de confianza cualificados, registrados en el registro de PSEC de la SETSI

Para los del tercer caso, antes de que el Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza (PSEC)  inicie la prestación de servicios de confianza cualificados, debe presentar al organismo de supervisión (en España, la SETSI,  Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) una solicitud de aprobación  de inicio de actividad  (técnicamente, una Notificación de servicios electrónicos de confianza cualificados)  junto con un informe de evaluación de la conformidad expedido por un organismo de evaluación acreditado ante el organismo de acreditación (en España,  ENAC, Entidad Nacional de Acreditación).

Dentro de los Servicios electrónicos de confianza cualificados están los servicios de expedición de certificados cualificados de persona física que se corresponden con los servicios de certificación de certificado reconocido regulados hasta el 1 de julio de 2016 por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (LFE), ley que transponía la Directiva 1999/93/CE.

Los prestadores de servicios de certificación que emiten certificados reconocidos conforme a la Directiva 1999/93/CE disponen de plazo hasta el 1 de julio de 2017 para presentar un informe de evaluación de conformidad al organismo supervisor.

 

La transformación digital de la Administración de Justicia

Autores:

Este artículo corresponde a la sección Tribuna de la Web El derecho, publicado originalmente el 23 de junio de 2016. Ver artículo original.

1.- La Administración de justicia es una organización más de las que se sirve la sociedad para conseguir sus logros y atender las demandas que formulan ciudadanos, empresas y todo tipo de entidades, entre ellos mismos y entre o contra otras administraciones, sirviéndose generalmente de los servicios de profesionales, que pasan a ser por ello, agentes primarios de la actividad judicial. En este sentido, se debían regular distintos campos: la utilización de las nuevas tecnologías por los órganos judiciales con plenos efectos legales, la comunicación de ciudadanos y profesionales con la Administración de justicia, así como la actuación de las diferentes administraciones que tienen la competencia de dotar de medios materiales a los órganos judiciales, esto es, la regulación cooperativa, de coordinación y de compatibilidad de proyectos tecnológicos.

La Administración de justicia se rige por el principio de legalidad que regula su actividad y funcionamiento. Consiguientemente, la utilización de las herramientas conformadas por las nuevas tecnologías precisa de un marco normativo que no sólo facilite o, en su caso, imponga su utilización, sino que disponga lo oportuno sobre las garantías que deben observarse en razón de los efectos legales que genera su actividad, que son susceptibles de imponerse a terceros.

Esta tarea legislativa, sin que se deban considerar otras iniciativas anteriores en el plano meramente administrativo, se inicia con el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Era un precepto escueto e insuficiente. Su virtualidad es la de ser la primera vez que el legislador, en una norma de este rango, contempla un hecho que significa una gran revolución para la sociedad de este tiempo.

La Ley Orgánica 16/1994, reforma este precepto y le da una regulación más detallada y ambiciosa. Se reconoce la validez jurídica de la actividad judicial efectuada con las nuevas tecnologías, se contempla que las personas puedan relacionarse con la Administración de Justicia a través de los nuevos medios tecnológicos. Contempla la integración ordenada del andamiaje institucional, esencialmente del Consejo General del Poder Judicial, quien debe fijar los requisitos que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados y aprobar los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia al objeto de garantizar su compatibilidad.

Este precepto ha sido nuevamente reformado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que introduce dos novedades: el obligado cumplimiento de las instrucciones que sobre el uso de las nuevas tecnologías se dirijan por el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado a los Jueces y Fiscales y traslada a un órgano cooperativo la facultad de establecer los términos que garanticen la compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia.

Finalmente, destaca la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia cuyos principales objetivos son: primero, actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones; segundo, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia; tercero, definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales.

Tras todo ello se puede considerar que las normas jurídicas reguladoras de la actuación de la Administración de Justicia ya recogen los principales requisitos que garantizan la utilización eficaz y válida de las nuevas tecnologías.

2.- Junto con la regulación normativa indicada la realidad de la Administración de justicia usuaria de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones permite advertir que ha ayudado a gestionar los expedientes judiciales desde hace muchos años, pero es en estos días cuando se está produciendo uno de los mayores cambios: la introducción del expediente digital.

El impulso que ha comenzado el 1 de enero de 2016, facilitará a los ciudadanos y sus representantes intercambiar información con la Administración de Justicia de forma telemática, sin moverse de sus despachos, y reducirá tiempos y costes de tramitación.

Las Administraciones con competencias en materia de Justicia, y el Consejo General del Poder Judicial han desarrollado esfuerzos conjuntos para conseguir estos objetivos y para ello utilizan los distintos desarrollos en los que trabajaron los últimos años, pero sobre todo, se han coordinado entre si y alcanzado acuerdos mediante la creación de grupos de trabajo en el seno del Comité Técnico Estatal para la Administración Judicial electrónica (CTEAJE).

El Ministerio de Justicia, ha presidido este comité y está liderando muchos de los esfuerzos para conseguir la transformación digital de la Administración de Justicia, poniendo a disposición de las Administraciones herramientas como Lexnet que es un módulo que permite la comunicación segura entre los Órganos Judiciales y los Procuradores y Abogados para la remisión de escritos de trámite o de inicio y para la comunicación de notificaciones. Administraciones como Cataluña, el País Vasco, Navarra y Cantabria, han optado por sus propias soluciones en el mismo sentido.

A su vez, el Consejo General del Poder Judicial ha puesto a disposición de Juzgados y Tribunales, servicios que evitan la utilización del papel para realizar averiguaciones patrimoniales, ayudas a la localización, avisos y alertas, exhortos, embargos y comunicaciones seguras. Y sobre todo permiten ahorrar tiempo y muchas horas de trabajo.

Lo mismo ocurre con la facilidad de acceso a la jurisprudencia y legislación que el Centro de Documentación Judicial del Consejo ofrece a los Jueces y Magistrados que pueden obtener información indispensable para su trabajo mediante sencillas conexiones a páginas Web seguras.

Y no menos importante son los sistemas de grabación digital de vistas implantados en todas las salas de todos los órganos judiciales de España, que convierten a la Administración de Justicia en uno de los mayores productores de contenidos digitales grabados con excepción de las empresas y organizaciones de televisión.

En definitiva, los nuevos desarrollos como Lexnet, sistemas de gestión procesal y los servicios del Consejo, minimizarán el papel como soporte de información procesal y reducirán los costes, pero además lograrán modernizar la Administración de Justicia, hacerla más accesible, más ágil y más transparente.

El proceso de implantación de todas estas tecnologías, no ha hecho más que empezar. Quedan muchos meses, tal vez años, hasta alcanzar en toda España la estabilidad en los sistemas, la eliminación del papel como principal soporte de la información judicial con expediente digitales, firmas electrónicas, e integración y compatibilidad entre todos los sistemas, pero el proceso es imparable como lo demuestran algunas cifras: más de 100 millones de intercambios de información por Lexnet, más de 49 Millones de comunicaciones anuales por los servicios del Consejo General del poder Judicial, más de cuatro años firmando digitalmente en Cataluña o más de un millón de firmas digitales ya realizadas en Andalucía.

Notificaciones judiciales mediante Noticeman

Recientemente la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sufrido algunos cambios por la publicación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).

El Artículo 162 relativo a los Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares ha quedado con la siguiente redacción:

1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.

Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los mismos, deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y la dirección electrónica habilitada a tal efecto.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales obligados a su utilización.

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.

No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.

3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.

Solo cabe presumir que se cumplen los  requisitos del artículo citado cuando se usen sistemas de notificación fehaciente cualificados según lo previsto en el Reglamento Europeo UE 910/2014. Estos sistemas deberán cumplir la norma TS 102 640 y sus prestadores estar registrados en el censo de Prestadores de Servicios de Confianza Digital del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

La prueba electrónica es ya una realidad, ¿estamos preparados?

Las pruebas que se aportan en los tribunales están migrando desde el papel impreso a un soporte virtual por lo que sus criterios de admisibilidad cambian por completo. La prueba electrónica (desde el e-mail al sms o al whatsapp), la figura del perito digital que la evalúa y la fragmentación de la normativa que la regula  son objeto de reflexión en el ámbito de la Justicia.

“Las nuevas tecnologías han irrumpido de una manera directa y de forma activa en el mundo del Derecho. Esta nueva realidad, se ha manifestado, entre otras cosas, en la prueba electrónica, una práctica cada vez más habitual en los tribunales”. Estas afirmaciones fueron hechas por Enrique López, exvocal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en un reciente evento sobre prueba electrónica. López reconoció que “en el mundo de los tribunales se plantean numerosos problemas en la admisibilidad e interpretación de la prueba electrónica”.

La actualización y modernización de las tecnologías digitales en los últimos años ha demostrado tener un impacto positivo en las organizaciones, pero también ha evidenciado la llegada de nuevos retos y riesgos derivados de la aplicación de esos medios tecnológicos de última generación. En la actual Sociedad de la Información las pruebas tradicionales están migrando del papel impreso a un soporte virtual, donde los procesos de gestión y criterios de admisibilidad en procesos judiciales cambian por completo, convirtiéndose la Prueba Electrónica en una herramienta procesal indispensable en todo litigio.

La prueba electrónica, conocida también como prueba digital, prueba tecnológica, prueba informática o ePrueba, no ha sido definida como tal -hasta la fecha- por ninguna norma jurídica española o europea. El Estado, como titular de la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia en España (art. 149.1.5ª CE), no le ha dedicado ninguna ley. En cambio, ha definido qué es un documento electrónico y qué es la firma electrónica (Ley de Firma Electrónica y Reglamento eIDAS 910/2014). Frente a este panorama normativo surge el reto de adoptar un concepto uniforme y válido de prueba electrónica.

Las evidencias electrónicas son datos digitales que se encuentran almacenados o han sido transmitidos mediante equipos informáticos y que, junto con otros medios de prueba, permiten reconstruir los hechos y determinar sus autores.

Para su análisis hay que garantizar que no se pone en riesgo su integridad en el proceso de obtención de la prueba y en el de preservación.

La actuación de Prestadores de Servicios de Confianza Digital contribuye a preservar las evidencias electrónicas, por ejemplo con la técnica del sellado de tiempo o replicando su contenido con técnicas que garantizan que no es posible su modificación.

Las evidencias que no se hayan aportado en el momento de construcción de la prueba no se pueden aportar más adelante, por lo que es importate actuar diligentemente desde el principio.

EAD Trust, European Agency of Digital Trust es un prestador de servicios de confianza digital que ayuda a las empresas en la Transformación Digital ayudando a redefinir procesos de forma que sean tan confiables en su versión digital como lo son en papel, y sin perder ni un ápice de la capacidad probatoria de los participantes en las transacciones digitales.

Contacte con EAD Trust llamando al 902 365 612 o al 91 7160555

 

El CTEAJE publica las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad

El texto de las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) está disponible en el Portal de la Administración de Justicia a partir del 6 de julio de 2015.

Este documento se alinea con el marco del Plan para la aceleración de la Justicia en entornos digitales del Ministerio de Justicia, y su publicación se realiza apurando el plazo previsto en la Disposición adicional tercera, de la Ley 18/11, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Lo ha elaborado el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica)  para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administración de Justicia, desplegados por las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia.

Cabe recordar que en España conviven en la actualidad nueve sistemas de gestión procesal, sin interoperabilidad entre ellos, y que la posibilidad de intercambiar información entre los sistemas informáticos de las administraciones de justicia de España, resulta imprescindible para poder integrar el derecho del ciudadano a una Justicia pública y sin dilaciones indebidas.

El CTEAJE es un órgano que copreside el Ministerio de Justicia junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ejerciendo en estos momentos la presidencia el Secretario General de la Administración de Justicia, y del que también forman parte la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

Este órgano ha establecido diez Grupos de Trabajo, de los que dependen varios Subgrupos específicos, que están liderados por las distintas Administraciones que voluntariamente han asumido esta tarea. El texto de las bases del EJIS no supone la interoperabilidad inmediata, pero sí un primer paso para fijar de forma consensuada el marco normativo para alcanzarla.

En los próximos meses el CTEAJE continuará trabajando, en el marco de su calendario de actividades e irá publicando las normas técnicas consensuadas que permitan en un futuro próximo alcanzar la interoperabilidad entre los diversos operadores jurídicos, consecuencia de un proceso integral, donde los sistemas de información tengan capacidad plena para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimientos entre ellos.

El EJIS se inspira en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), con algunas diferencias determinadas por las leyes procesales y la Ley marco de la digitalización de la Justicia, la Ley 18/11, de 5 de julio, que singulariza para el ámbito de la Justicia algunas de las principales aportaciones de la Ley 11/2007.

Documentos asociados:

Bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad del CTEAJE de 6 de julio de 2015 (361,594 Kb)

Fuente de la noticia: Portal de la Administración de Justicia

El Ministerio de Justicia, premiado por contribuir a la modernización tecnológica

El Ministerio de Justicia ha resultado galardonado en los Premios Administración Judicial Electrónica 2015, organizados por la Fundación Socinfo y la revista Sociedad de la Información, por su contribución a la “modernización tecnológica” del ámbito judicial.

El secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, ha sido el encargado de recoger el premio y ha subrayado que es necesario seguir “coordinando y aunando esfuerzos para modernizar la Justicia a través del empleo racional de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Un reto que –ha dicho– supone “el más notable esfuerzo de los tiempos modernos por mejorar la calidad del servicio público” y responder así a las necesidades y expectativas de la sociedad actual.

Durante su intervención en la entrega de los Premios Administración Judicial Electrónica 2015 y clausura del XI Seminario TIC en la Modernización de la Justicia organizado por la Fundación Socinfo, Dorado ha destacado “el firme compromiso del Ministerio de Justicia” con el objetivo de una Justicia digital, abierta, innovadora y conectada que se traducirá, en los próximos meses, en la simplificación de procedimientos judiciales, en el uso de la tecnología en ámbitos cada vez más amplios de la gestión procesal, o en la posibilidad de realizar notificaciones a los usuarios a través de un mensaje de texto enviado a su dispositivo móvil.

Dorado ha puesto, además, de manifiesto el camino abierto por la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que sienta las bases para alcanzar una Administración Judicial Electrónica.

En el marco de la Ley se creó el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), cuya labor ha sido reconocida en estos premios, que está permitiendo coordinar los esfuerzos de todas las administraciones implicadas en la prestación del servicio público de la Justicia. Uno de los objetivos del CTEAJE es impulsar, en el marco de la cooperación institucional, la transferencia tecnológica en el ámbito de la Justicia, de modo que se pueda poner a disposición de todos sus integrantes los diferentes sistemas utilizados en el mundo judicial, y evitar la duplicación de esfuerzos y de recursos.

Los Premios Administración Judicial Electrónica 2015 han reconocido también la evolución del sistema de gestión de comunicaciones telemáticas Lexnet, gracias al desarrollo de la funcionalidad de presentación de escritos de trámite e iniciadores de procedimiento. El despliegue de esta nueva funcionalidad, que permite la recepción por parte de las sedes judiciales de la documentación aportada por los profesionales vía web, concluirá a finales del próximo mes de junio en los partidos judiciales del ámbito territorial del Ministerio de Justicia.

Finalmente, se ha premiado la mejora tecnológica impulsada en el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes del Sistema Integrado de Registros de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ). Esta mejora se ha traducido en la implantación del envío electrónico de órdenes de protección y penas asociadas a sentencias firmes de violencia de género y de violencia doméstica desde la Administración de Justicia al Ministerio del Interior a través de una plataforma de interoperabilidad judicial.

Soluciones homologadas para la interconexión con Lexnet

LexNet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas).

Han transcurrido varios años desde su implantación y LexNet se ha convertido en un instrumento de trabajo seguro tan habitual en el ámbito de las comunicaciones judiciales, como el teléfono, el fax o el correo electrónico. El sistema, que empezó a funcionar en el año 2004:

  • Cuenta con más de 40.000 usuarios.
  • Es utilizado en más de 2.600 órganos judiciales.
  • Y ha permitido intercambiar más de 100.000.000 de mensajes.

Lexnet, tal y como su nombre indica (la Ley en la Red), pretende extender gran parte de los servicios que ofrece la Administración de Justicia a través de Internet, haciendo que estos sean accesibles desde cualquier parte y en cualquier momento. En la actualidad el sistema permite:

  • El intercambio seguro de información.
  • El uso de firma electrónica reconocida.
  • Acceso vía web.
  • Funcionamiento 24×7.
  • Ahorro de papel.
  • Inmediatez en las comunicaciones.

En cuanto a los usuarios que actualmente están utilizando el sistema son:

  • Órganos judiciales y Oficinas de Registro y Reparto (Secretario Judiciales).
  • Procuradores y Colegio de Procuradores.
  • Abogacía del Estado.
  • Abogacías dependientes de la Abogacía del Estado (FOGASA, SEPES, AEAT y Consorcio Compensación de Seguros).
  • Abogacía Comunidad.
  • Abogacía SJSS.
  • Fiscalías.
  • Abogados y Colegios de Abogados.
  • Graduados Sociales.
  • Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

Nuevo Lexnet

Para absorber el crecimiento exponencial que ha experimentado LexNet en los últimos años, el Ministerio de Justicia ha desarrollado un nuevo sistema LexNet soportado por una nueva arquitectura más potente y escalable y por una nueva versión de la aplicación que mejora el interfaz de usuario y permite un uso más eficiente y su futura extensión a un mayor nº de plataformas.

Nuevo Lexnet

El nuevo sistema LexNet se encuentra desplegado en Melilla, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Galicia, Valencia, Ceuta, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Órganos Centrales, Cataluña, Canarias, Madrid y Asturias.

Interconexiones a Lexnet homologadas

Lexnet ofrece a sus usuarios una interfaz web totalmente gratuita con capacidades de firma y envío.

Sin embargo, LexNet posibilita asimismo a desarrolladores independientes de aplicaciones ofrecer módulos integrados con los distintos servicios web ofrecidos por LexNet (recepción de notificaciones, envío de escritos, etc).

Las aplicaciones desarrolladas han de superar un proceso de homologación en el que se verifica el cumplimiento del Real Decreto regulador de LexNet.

A lo largo de los últimos años se han homologado las siguientes soluciones:

Aplicación Empresa distribuidora Tipo de usuario Funcionalidad de LexNET Fecha de homologación
Gestión Jurídica Tebar Desarrollos Informáticos Tebar SL. Abogado y Procurador Descarga de notificaciones y presentación de escritos de trámite 2015-03-10
PortalNEOS Arquitectos de las TIC, S.L.L. Abogado y Graduado Social Descarga de notificaciones 2014-05-28
Traslado de copias y presentación de escritos Consejo General de los Procuradores de España Procurador Presentación de escritos de trámite y subsanaciones 2014-07-04
GEDESPPROC N/A Procurador Descarga de notificaciones 2014-07-11
LexNET Abogacía Consejo General de la Abogacía Española Abogado Presentación de escritos de trámite, presentación de escritos iniciadores y descarga de notificaciones 2014-09-08
ESSLEY ESSIMPLE OP2020 S.L. Procuradores, Graduados Sociales y Abogados Recepción de notificaciones 2013-02-26 (Recepción de notificaciones)
TEKNUMCOL AHORA SOLUCIONES MURCIA Administradores Procuradores Consulta de cabeceras de notificaciones para fines estadísticos 2012-09-13
GESTIÓN LA LEY.NET GRUPO WOLTERS KLUWER Procuradores Recepción de notificaciones 2012-02-15 (Recepción de notificaciones)
PROGES-ARCHIVEWIN Soporte Técnico y Software, S.L. Procuradores Recepción de notificaciones 2011-02-04 (Envío de escritos)
MNPROGRAM MNPROGRAM Procuradores, Graduados Sociales y Abogados Recepción de notificaciones, envío de escritos y traslado de copias 2011-01-10 (Recepción de notificaciones procuradores) 

2013-03-05 (Recepción de notificaciones abogados y graduados sociales, presentación de escritos abogados y graduados sociales, presentación de escritos y traslado de copias procuradores)

PROCESALNET LEXMATICA Recepción de notificaciones y envío de escritos Procuradores 2010-10-01 (Envío de escritos)
Gestión de despachos ADSOFT Abogados y Procuradores Recepción de notificaciones y Envío de escritos 2010-04-23 (Recepción de notificaciones) 

2010-06-29 (Envío de escritos)

RIVAYA SIRC Rivaya Procuradores Procuradores Recepción de notificaciones y Envío de escritos 2010-04-23 (Recepción de notificaciones) 

2010-06-29 (Envío de escritos)

INFOLEX Gestión Jurídica Jurisoft Procuradores y Abogados Recepción de notificaciones y Envío de escritos 2009-04-08 (Recepción y Envío – Abogados)
RIVAYA SIRC Rivaya Procuradores Procuradores Recepción de notificaciones y Envío de escritos 2009-03-26 (Envío de escritos)
PROGES-ARCHIVEWIN Soporte Técnico y Software, S.L. Procuradores Recepción de notificaciones 2009-03-24 (Recepción de notificaciones)
iProcura.com SERVICIOS TELEMÁTICOS JURÍDICOS, S.L. Procuradores Recepción de notificaciones y Envío de escritos 2009-02-18 (Envío de escritos)
Level Kmaleon vel Programs Procuradores Recepción de notificaciones y Envío de escritos 2009-02-18 (Envío de escritos)
INFOLEX Gestión Jurídica Jurisoft Procuradores y Abogados Recepción de notificaciones y Envío de escritos 2008-05-28 (Recepción y Envío – Procuradores)